El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Córdoba ha concedido medidas cautelares a LaLiga contra NordVPN y ProtonVPN.
La resolución obliga a ambas compañías a bloquear desde España las direcciones IP que estén emitiendo partidos de forma ilegal. Además, la medida es dinámica, lo que significa que podrán añadirse nuevas IP conforme se detecten emisiones ilícitas. El auto ha sido dictado sin escuchar previamente a las demandadas y no admite recurso.
¿Qué hace una VPN?
Las VPN permiten ocultar la ubicación real del usuario y simular conexiones desde otros países. En la práctica, esto facilita el acceso a webs que retransmiten partidos sorteando los bloqueos judiciales ya existentes en España.
Aunque la tecnología es legal, el auto subraya que no puede servir como herramienta para eludir restricciones impuestas por los tribunales ni para acceder a contenidos protegidos de forma ilícita.
Cómo afecta directamente al Betis
La decisión tiene un impacto claro para el Real Betis, ya que los derechos audiovisuales son uno de los pilares económicos del club y una pieza clave en su estabilidad financiera. Cada visualización ilegal supone una pérdida potencial en el sistema de reparto centralizado de derechos. Cuanto mayor es la piratería, menor es el valor global del producto.
En la temporada 2024/25, el Betis fue el sexto club de LaLiga en ingresos por reparto televisivo, con 64,67 millones de euros. En la campaña 2023/24, la cifra fue de 66,98 millones. Estas cantidades representan una parte esencial del presupuesto anual y condicionan aspectos como la inversión en plantilla, renovación de contratos, planificación deportiva o capacidad para competir en Europa.
En otras palabras: la lucha contra la piratería también protege la estabilidad económica del Betis.
El mensaje al aficionado
La lucha contra la piratería ya no se centra únicamente en cerrar webs ilegales, sino también en limitar las herramientas que permiten acceder a ellas.
Para el aficionado bético, el mensaje es directo: consumir el fútbol por vías legales no es solo una cuestión normativa, sino una forma tangible de proteger una fuente de ingresos que supera los 60 millones de euros anuales para el club.
En un contexto donde cada euro cuenta para mantener la competitividad, la defensa de los derechos audiovisuales también es una defensa del futuro deportivo del Betis.
